EL PODER DE LA LEY

A estas horas ya sabe media España que Puigdemont no ha dado ni el Si, ni el No. Ha tratado de escurrir el bulto con una carta de dos folios, con la prepotencia acostumbrada, que no responde  lo que se  le ha preguntado. Rajoy le había dado hasta el jueves, como segundo plazo, y supongo que así será. Está descartado, como no podía ser de otra manera, el empezar ningún diálogo con quien no quiere dialogar, por lo que es evidente, que la aplicación de las leyes será inmediata. 

En democracia, la aplicación de la Ley corresponde al Poder Judicial y no al Gobierno y cuando se desobedece una orden de un Juez, este es el que tiene que actuar. Y esto me recuerda un caso en el Reino Unido hace más de treinta años.

Recibí un día la visita de un policía, uno de los típicos Bobbis de entonces, de 1,80 de altura, sin contar el casco, preguntando por mi hija, que a la sazón tenía diecisiete años y estaba de vacaciones en España en casa de mi madre. Tuve que insistirle, porque no quería decirme el motivo, que siendo menor de edad el padre tenia derecho a saberlo, y me dijo que traía una orden judicial de llevarla al juzgado porque no había pagado una multa de tráfico. La multa, por aparcamiento indebido de un ciclomotor era solamente por 25 Libras (unos 28 euros al cambio de hoy) y debería declarar ante el Juez cómo la pagaría con la amenaza de detención si no la pagaba. Me pareció tan exagerada la medida, que le dije al policía que cuando mi hija avisara que volvía, les daría del número de vuelo para que la detuvieran a la llegada en el mismo aeropuerto y así me ahorraban el tiempo y el gasto de tener que ir yo recogerla y cuando estuviera en la comisaría, con derecho a una llamada, podía llamarme y yo iría a pagar la multa y traerla a casa. Me dijo que no era para tanto y muy educadamente me dio todos los datos necesarios para que cuando volviera, supiera lo que tenía que hacer voluntariamente: pagar o personarse en la comisaría.
Calmado del correspondiente cabreo por el incidente, comprobé los datos y vi que la fecha de la multa era de dos meses más tarde de la fecha en que el ciclomotor había sido robado y de la denuncia que mi hija había presentado en la Comisaría. No perdí el tiempo, me personé en el Juzgado con la copia de la denuncia y borrón y cuenta nueva. Me llevé la satisfacción de las disculpas recibidas y aceptadas por el error cometido y por no haber encontrado al ladrón. Subsanado el asunto tuve que reconocer que allí la Justicia, puede cometer errores, pero funciona.
Ayer mantuve una conversación telefónica con una buen amigo, policía jubilado, sobre el problema catalán y cómo deberían actuar los jueces y me dijo algo importante. Lo primero que le habían enseñado en la Academia era que en casos criminales, había que recopilar todas las pruebas necesaria, para que los jueces no tuvieran la menor duda sobre la culpabilidad del acusado. Creo que ya debe haber suficientes pruebas de la flagrante desobediencia del señor Puigdemont a las ordenes de los tribunales, para que los Jueces le llamen a declarar y se haga justicia por los delitos cometidos. Ya se han pasado bastante la raya y es hora de actuar en serio y para siempre.